La salud mental en alerta: las internaciones crecen sin pausa y los hospitales públicos sienten la presión

Acá, en esta Argentina que amanece con la radio encendida y la pava encima de la hornalla, hay un dato que empieza a filtrarse en cada conversación de barrio y que ya llegó a los pasillos del Congreso: la salud mental dejó de ser un tema silencioso para convertirse en una urgencia que se atiende, mal que nos pese, en las guardias de los hospitales públicos. Un relevamiento coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, que juntó información de 14 provincias que juntas concentran más del 70% de la población del país, dejó números que duelen y que merecen ser leídos con atención: las consultas ambulatorias por problemas de salud mental crecieron 23% en el último año, mientras que las internaciones se incrementaron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% apenas en los últimos doce meses.

Lo primero que uno tiene que entender, si vive en cualquier pueblo o ciudad del país, es que ya no estamos hablando de un tema que les pasa a otros. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el 30% de las consultas en las guardias hospitalarias corresponde hoy a problemas de salud mental, una cifra que hace apenas cinco años parecía impensada y que hoy se vuelve cotidiano en cada espera de camilla. "Acá vienen familias enteras que perdieron la obra social y la prepaga y que de un día para el otro tienen que atenderse en el hospital público", me contaba esta semana Miriam, vecina de Lanús, mientras esperaba turno en el centro de salud de su barrio. Su testimonio, como el de tantos otros, se repite de Jujuy a Tierra del Fuego.

Quiénes son los que más piden ser atendidos

El informe presentado ante el Senado, en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental vigente desde 2010, pone el foco en dos grupos que concentran buena parte de la demanda creciente: las niñas, los niños y los adolescentes, por un lado, y por el otro las personas que quedaron sin cobertura privada y migraron al sistema público. Esa combinación, según las autoridades sanitarias provinciales, configura un escenario completamente nuevo. "Antes atendíamos a poblaciones que ya conocían el sistema; hoy llegan pacientes nuevos, sin historia clínica previa, muchas veces en crisis", explican en los ministerios de Salud de las provincias relevadas, donde reconocen que la capacidad instalada está al límite.

• Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego aportaron datos al relevamiento.
• Más del 70% de la población del país está representada en las provincias estudiadas; también participaron Entre Ríos y Río Negro.
• Entre 2021 y 2026 se sumaron al menos 388 camas nuevas de salud mental en hospitales generales.
• Trece de las 14 provincias ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos de abordaje de consumos problemáticos.
• A pesar de esa inversión, las propias autoridades provinciales reconocieron que esas capacidades están «sobreexigidas» frente a una demanda que no cesa.

Qué piden las provincias para enfrentar la crisis

Cuando una mesa provincial de salud mental se reúne y firma un documento conjunto, algo está pasando. Las máximas autoridades sanitarias de las 14 jurisdicciones coincidieron en señalar cuatro prioridades que, dicen, son imposterables: aumentar la inversión, ampliar la infraestructura y los recursos humanos, garantizar el acceso a medicamentos y, sobre todo, producir información epidemiológica nacional de calidad que permita tomar decisiones con datos. A eso se suma un reclamo de larga data que reaparece en cada crisis: recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, hoy desgastada por el ajuste y por la fragmentación de los programas. "Sin financiamiento no hay reforma que aguante", sintetizó esta semana a este portal una fuente del Ministerio de Salud de una de las provincias patagónicas que participó del encuentro, aunque pidió reserva sobre su nombre.

La reforma en debate y lo que se juega en el Congreso

El informe llegó a manos de los senadores en un momento clave: la Cámara alta debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, una norma que rige desde 2010 y que, según las provincias, ya no da respuestas a una realidad desbordada. Las autoridades provinciales fueron muy duras en su planteo y advirtieron que la propuesta en discusión «elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos». El debate, que se da en paralelo al crecimiento de la demanda, promete seguir generando tensiones entre quienes defienden el espíritu original de la ley y quienes piden aggiornarla a los tiempos que corren. Mientras tanto, en cada hospital público del país, la lista de espera sigue creciendo y los profesionales hacen lo que pueden con lo que tienen.

“Las capacidades están sobrexigidas, la demanda no cesa y, aun sumando camas y equipos, hoy no alcanza; por eso pedimos una reforma con financiamiento y con garantías que no retrocedan.”Fuente del Ministerio de Salud de una provincia patagónica que participó del relevamiento