Una socia de la concesionaria de Pilar declaró y apuntó contra deudores morosos por dos millones de dólares

La socia de Autos Pilar Premium, Cynthia Chamoles, de 44 años, declaró este martes ante el fiscal Andrés Quintana, en la causa en la que permanece detenida junto a su pareja y titular de la concesionaria, Carlos González, de 43. La pareja fue arrestada en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en el partido bonaerense de Pilar.

En su declaración indagatoria, Chamoles sostuvo que los vehículos se entregaban con financiamiento y que "los compradores dejaron de pagar en el último período". Sostuvo además que la firma disponía de "pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares" y que el total de deudas a cobrar asciende a unos dos millones de dólares.

Deudores identificados

La indagada mencionó entre los morosos a un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial, y aseguró: "Se le entregó una Land Rover Evoque. Nos debe 120.000 dólares. Nunca nos pagó". También hizo referencia a una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, con embargo vigente, y consideró que su liberación resultaba clave para recuperar liquidez.

En el expediente figuran al menos 35 damnificados. Entre ellos aparecen Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien habría entregado una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación sin recibir el producido de la venta, y el diputado nacional Manuel Quintar, quien según la denuncia pagó 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, parte mediante transferencias bancarias y parte en efectivo.

La versión de González

En su propia indagatoria, González describió un "descalce" financiero de seis millones de dólares. Relató que la empresa creció desde un local en el Shopping Champagnat hasta una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, con un piso de ventas de cien vehículos por mes. Atribuyó el inicio de la debacle a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada. Tras la orden del juez federal de Campana de retirar los vehículos y un posterior regreso al lugar, se dispusieron el secuestro de nueve unidades y su procesamiento por desobediencia.

La causa se encuentra en etapa de instrucción, con los dos imputados detenidos y a la espera de las próximas medidas dispuestas por el fiscal Quintana para avanzar con la identificación del resto de los damnificados y la trazabilidad de los fondos.