Mendoza sale al cruce de las familias ahogadas por las tarjetas: ahora se puede renegociar la deuda sin pagar un peso

El cielo sobre el oasis amaneció con esa claridad fría de julio, y aunque la primavera todavía se hace rogar en los campos del sur mendocino, la noticia que llegó desde la ciudad trae algo de alivio para las familias que vienen contando monedas a fin de mes. Lo que hasta hace poco parecía un callejón sin salida —la tarjeta que no cierra, el préstamo personal que se estira, la financiación de la heladera que ya ni se recuerda cuándo se firmó— ahora tiene una puerta abierta, sin costo y con la mediación del Estado. Lo confieso: me crucé con más de un productor y con más de una ama de casa que, en las últimas semanas, reconocieron en voz baja que el resumen del plástico les estaba comiendo el sueldo. Por eso, esta movida me parece, cuanto menos, un gesto que vale la pena repasar con lupa.

Lo que la Provincia instrumentó es un procedimiento de conciliación pensado, específicamente, para consumidores finales que tienen domicilio real en Mendoza y que están al borde —o directamente dentro— de una situación de insolvencia personal o familiar. No es magia ni un borrón de la cuenta: es una mesa formal en la que se sientan de un lado el deudor y del otro el banco, la financiera, la mutual, la cooperativa o la plataforma de crédito, con el Estado como árbitro. La idea es renegociar tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamiento de compras y créditos de mutuales y cooperativas, entre otros. Quedan afuera, eso sí, las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas, las sanciones penales y cualquier compromiso que sea ajeno al consumo del hogar.

Los números que hay que mirar antes de pedir el turno

• Los compromisos financieros deben superar el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar conviviente.
• En hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados con el haber mínimo, desocupados, beneficiarios de planes sociales o trabajadores informales, el umbral baja al 25%.
• El capital total adeudado no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención.

Leí la letra chica varias veces y la charla con una sources del sector me terminó de confirmar lo que sospechaba: sin números claros, no hay conciliación posible. La Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo, la OCDC, es la ventanilla de entrada. Quien la golpea tiene que llevar el listado completo de acreedores, los importes adeudados y un detalle actualizado de lo que tiene y lo que debe. Defensa del Consumidor se encarga, después, de citar a cada acreedor, que cuenta con hasta 10 días hábiles para responder. Es ahí, en esa instancia, donde aparecen las alternativas: planes de pago a medida, esperas para empezar a cancelar, extensiones de plazo, quitas de intereses punitorios y de cargos por mora, e incluso reducciones del capital. Pero —y acá viene el punto que no conviene pasar por alto— ninguna de estas salidas se aplica de manera automática. La Provincia no tiene facultades para imponer condiciones: sin la firma del acreedor, no hay acuerdo que valga.

“Es una herramienta útil, pero hay que usarla con los papeles al día. Si uno no sabe cuánto debe y a quién, la conciliación termina siendo una foto sin marco.”Carlos, productor viñatero de San Rafael

El camino del surco a la góndola, que tantas veces repasé en estas páginas cuando se trata del precio de la uva o del tomate que llega a la mesa, hoy se cruza con un camino distinto: el de la familia que llega a fin de mes con lo justo. Esta herramienta viene a ordenar ese último tramo, donde la deuda de consumo se come el ingreso y deja al hogar sin margen ni para lo elemental. Habrá que ver, en los próximos meses, cuántos mendocinos se animan a sentarse en esa mesa, cuántos acreedores aceptan renegociar y, sobre todo, qué hace la Provincia cuando los casos se acumulen. Porque lo que el Estado todavía no resolvió —y conviene no perderlo de vista— es cómo se controla que los bancos y las financieras no terminen usando esta conciliación como una simple pantalla para estirar plazos sin aliviar de verdad al deudor. Esa discusión, me temo, todavía está pendiente.