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SÁB, 17 OCT 2026
Policiales

La Justicia federal procesó con prisión preventiva a Raúl Martins y le trabó un embargo por 300 millones de pesos

La jueza María Servini consideró que el exagente de la SIDE habría usado sociedades y propiedades para reinsertar en la economía fondos ligados a la explotación sexual. La defensa había reclamado el sobreseimiento por considerar prescriptas parte de las maniobras.

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Laura OlguínPoliciales y judiciales · · lectura 2 min
La Justicia federal procesó con prisión preventiva a Raúl Martins y le trabó un embargo por 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini procesó este martes con prisión preventiva a Raúl Martins, exagente de la SIDE de 77 años, por lavado de activos y le fijó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La medida fue adoptada en el marco de una causa que investiga el presunto ingreso al circuito económico legal de fondos provenientes de la explotación sexual de mujeres.

El planteo de la defensa

Durante la indagatoria, Martins se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Según su planteo, las 26 operaciones que le atribuyen —entre ellas adquisiciones de propiedades y administración de sociedades— se concretaron entre 2009 y 2012, es decir, antes del período que la Justicia tuvo por acreditado como explotación sexual, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

En el mismo descargo, el exespía sostuvo que el único antecedente firme en su contra se reducía al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y que las denuncias por otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los argumentos de Servini

Servini rechazó esa línea argumental y sostuvo que una sociedad constituida antes del delito investigado puede ser utilizada después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito. En esa línea, concluyó que la fecha de creación de las empresas no alcanzaba para descartar las maniobras bajo sospecha.

La magistrada evaluó de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares del detenido. A partir de ese análisis, consideró que Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura aunque no figurara formalmente como beneficiario final.

“El expediente tuvo su inicio el 6 de marzo de 2013, después de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que advertía sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.”Resolución de la jueza María Servini

Próximas instancias

Martins había sido detenido en México en 2019 y extraditado desde Cancún a la Argentina. Con el procesamiento con prisión preventiva ya firme en lo sustancial, la causa quedó a un paso del requerimiento de elevación a juicio, mientras la defensa anticipó que recurrirá la resolución y continuará reclamando su liberación.

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Laura OlguínPoliciales y judiciales

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