Exdirectivos del Puerto de Rosario quedaron en la mira por una acusación de lavado a gran escala

La acusación de cinco fiscales federales de Rosario sacudió esta semana a la Terminal Puerto Rosario (TPR): sostienen que, entre 2004 y 2020, la concesionaria del puerto local operó como una pantalla para canalizar dinero ilícito de dos orígenes, los sobornos cobrados en Cataluña por la familia Pujol y las ganancias del tráfico de cocaína en la ciudad, y reintegrarlo al circuito legal bajo apariencia de inversiones y ventas societarias.

El expediente y los principales imputados

La pesquisa tiene como eje a Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, un tribunal oral ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Según la investigación, Shanahan proveyó dólares desde una financiera de calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de Rosario, para la compra de cocaína. Un allanamiento en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.

La causa actual agrega otra capa. Entre 2004 y 2005, ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local, que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española ya declaró ilícito el patrimonio de la familia Pujol, en un fallo confirmado en 2021, por comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El mecanismo descripto por el Ministerio Público Fiscal

• El dinero de origen ilícito ingresaba al puerto disfrazado de inversión societaria a través de la sociedad local alimentada por la offshore vinculada a los Pujol.
• Entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador: lo que había entrado como "inversión" salía formalmente como "precio de venta", con apariencia lícita.
• Parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.
• Los fiscales detectaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, usados para depositar cheques y retirar su equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de movilizar dinero fuera del radar bancario.

El monto del embargo solicitado ronda los 100 millones de dólares, una cifra que refleja la dimensión patrimonial del esquema. Por ahora, la causa espera que la justicia resuelva los pedidos de detención solicitados por los fiscales y avance en la etapa de instrucción. Falta, además, definir la situación procesal de los demás exdirectivos involucrados y de los representantes de las firmas agroexportadoras que compraron las acciones.