En Córdoba, el camino para acceder al certificado y las prestaciones puede convertirse en una carrera de obstáculos

En la puerta del Hospital de Niños, una mañana cualquiera de las últimas semanas, la fila me muestra que conseguir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la ciudad de Córdoba todavía se parece bastante a una prueba de paciencia: hay que armarse de tiempo, de insistencia y, casi siempre, de un poco de resignación. Eso es lo que termina de quedar en claro cuando uno lee con detenimiento el informe que la Defensoría del Pueblo provincial presentó el 5 de octubre de 2026, un documento que se mete de lleno con los tiempos, los costos y los entretelones que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias a la hora de acceder a derechos que, en los papeles, deberían estar garantizados.

Porque acá no se trata sólo de un trámite: se trata deesperas que se miden en meses y que terminan condicionando tratamientos, trabajos y economías enteras. Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, describió demoras de cuatro a nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para conseguir un lugar en centros de rehabilitación. Son plazos que no son menores y que el propio informe aclara que no necesariamente se repiten en cada caso particular, pero que sirven para dimensionar la magnitud del problema.

Turnos, juntas evaluadoras y consultas que se hacen esperar

• La Ciudad de Córdoba cuenta con juntas evaluadoras del CUD en siete hospitales, de los cuales dos son pediátricos y otorgan citas con esperas de dos a tres meses.
• El relevamiento también recoge dificultades para acceder a consultas con especialistas, un paso clave tanto para el certificado como para el seguimiento clínico.
• El informe fue elaborado a partir de entrevistas y grupos focales, por lo que sus testimonios describen experiencias concretas y no constituyen una medición estadística de todos los casos.

Esa diferencia entre lo que dice la norma y lo que efectivamente pasa en los mostradores la conocen bien las familias. En el barrio Cerro de las Rosas, por ejemplo, Valeria, una madre que pidió mantener su apellido en reserva, me contó que pasó casi dos años sosteniendo sesiones de kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional por su cuenta, hasta que el informe le permitió ponerle nombre a algo que ya intuía: el sistema no estaba llegando a tiempo. Recién en los últimos meses había logrado reordenar turnos y empezar a recuperar parte de lo que había gastado a lo largo de una espera que, calculadora en mano, le significó unos 150.000 a 180.000 pesos por mes sólo en sesiones, una cifra que a su alrededor se repite casi como un mantra.

El peso de esa espera, claro, no se distribuye de manera pareja. El documento de la Defensoría pone el foco en que la sobrecarga de cuidados recae principalmente sobre las mujeres, con testimonios de madres que terminaron achicando su jornada laboral y resignando ingresos para acompañar a sus hijos en los traslados, las terapias y los trámites. No es un detalle menor: en una provincia donde la economía familiar suele depender de más de un sueldo, cada hora que se pierde en una sala de espera se traduce, también, en plata que deja de entrar.

Y los problemas, como suele pasar, no terminan en la puerta de cada casa. El informe también describe las dificultades que enfrentan quienes prestan los servicios: atrasos de varios meses y hasta de un año en los pagos de obras sociales y de programas estatales, en un contexto donde, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional crecieron un 225%, mientras que la inflación acumulada en ese mismo período llegó al 336%. El desfasaje entre lo que se cobra y lo que se paga es una de las claves que el documento señala para explicar por qué algunos centros terminan ajustando horas, profesionales o directamente prestaciones.

“Las esperas que hoy vemos no son sólo administrativas: terminan definiendo si una persona accede o no a una rehabilitación, una prótesis o un medicamento que necesita.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del informe

El capítulo del transporte merece un párrafo aparte, porque el informe vuelve a ponerlo en el centro de la escena: en el mismo período, la nafta súper en Córdoba aumentó un 559%, mientras que el valor reconocido por kilómetro para el traslado de pacientes apenas subió un 231%. Cuando uno mira esa diferencia, entiende mejor por qué tantas instituciones que llevan y traen personas a sus terapias están hoy ajustando recorridos, frecuencias y hasta presupuesto, en un intento por no dejar a nadie a pie de ruta. La Defensoría vincula directamente ese desfasaje con las dificultades que describen los prestadores para sostener los servicios que, en definitiva, son los que permiten que las personas con discapacidad lleguen a sus tratamientos.

El cuadro final, si uno lo mira en conjunto, deja una sensación compartida por muchas familias: la de estar corriendo una carrera con obstáculos, donde cada paso depende de un turno que tarda, un pago que se demora o una cifra que no alcanza. Por eso, mientras el informe circulaba en los despachos oficiales, Valeria me resumió la idea con una frase que le escuché a varias madres y que resume bastante lo que se vive en los barrios: “acá no peleamos por un privilegio, peleamos por no quedarnos afuera de un derecho”. Esa es, en el fondo, la discusión que el documento de la Defensoría del Pueblo de Córdoba vino a poner sobre la mesa, con datos, con tiempos y, sobre todo, con la voz de quienes esperan.